La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, que dirige Candelaria Delgado, ya ha resuelto de forma provisional la convocatoria de la concesión de subvenciones para el año 2023, destinadas a la ejecución de proyectos en las áreas de personas mayores, inmigración, voluntariado e inclusión social.

Delgado informa que la resolución, que se publica hoy en el BOC, “permitirá financiar con más de 12 millones de euros cerca de 200 proyectos presentados en su mayoría por entidades del tercer sector, fundaciones, universidades públicas y ayuntamientos”. “Son proyectos fundamentales que facilitarán al Gobierno llegar a las personas más vulnerables, propiciar su bienestar social y cubrir necesidades sociales en nuestra comunidad”.

En concreto, se subvencionarán con 12.270.000 euros 179 proyectos, de los que 84 son para favorecer la inclusión social; 45 dirigidos a personas mayores -de los que 16 corresponden de manera específica a combatir la soledad no deseada- y 28 al envejecimiento activo e inclusión social. Por último, 28 proyectos están destinados a voluntariado y otros 22 a inmigración.

Tal y como recogían las bases publicadas en el BOC del 31 de diciembre de 2022, se podían acoger a estas subvenciones tanto corporaciones locales, mancomunidades y agrupaciones de municipios, cabildos y sus organismos autónomos, así como fundaciones y universidades públicas y entidades privadas sin ánimo de lucro legalmente constituidas, cuyo objeto estatutario principal esté dirigido al ámbito social.

La cuantía individualizada de la subvención solicitada por proyecto debía ser como mínimo de 8.000 euros y, en el área de mayores, no superar los 75.000 euros por proyecto, por lo que el máximo del área sería de 150.000 euros por entidad; en el área de inmigración, un máximo de 40.000 euros; en el área de voluntariado, un máximo de 18.000 euros; en el área de inclusión social, un máximo de 90.000 euros por proyecto, excepto en la línea de Planes integrales de inclusión social de intervención en la comunidad, cuyo máximo podía llegar a los 100.000 euros. En todo caso, en el área de inclusión social el importe máximo de concesión por entidad beneficiaria se estableció en 180.000 euros.